Los fondos buitre de la señora Botella
La noticia salta a la prensa el día de Inocentes, algunos
pensaron que se trataba de una broma más, pero no, Ana Botella y sus seis
colegas ha sido condenada por el T.E.A. por la gestión llevada a cabo al frente
del IMVS (Instituto Municipal de la Vivienda Social).
Una vez pasado el impacto inicial, cabe analizar por encima
el tema antes de llegar a conclusiones.
En nuestra publicación Madrid Carlista y en varios de sus
números, nos ocupamos de la venta fraudulenta de viviendas a fondos buitre, es
decir multinacionales que encontraban en el fracaso del boom del ladrillazo
español una buena tajada que aprovechar. En un principio se dedicaron a comprar
fondos negativos de los Bancos, cargados de viviendas desahuciadas por falta de
pago de hipotecas, pero el asalto importante vendría avalado por el respaldo
oficial del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid había construido con fines sociales
viviendas en régimen de alquiler y
futura venta que fueron bien jaleadas publicitando las maravillas del gobierno
Botella, pero los múltiples agujeros económicos en las distintas aéreas como salud
o educación comenzaban a crecer de manera imparable, -y no entremos en
cuestiones de interés personal que para eso están los tribunales de lo penal-,
llevaron a negociar la venta del patrimonio inmobiliario, con la “promesa” al
parecer no escrita de mantener las mismas condiciones de uso y pago a los
ocupantes de dichas viviendas. Sin ajustarse a las normas mínimas de oferta y
concurso de adjudicación y pese a tener compradores al alza, Madrid se
desprende de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 locales
comerciales a favor de BLACKSTONE, camuflada mediante empresa intermediaria
FIDERE.
De inmediato saltó la alarma. Los nuevos propietarios
comenzaron la operación de acoso y derribo, aumento de alquiler, nuevas
condiciones con obligaciones no existentes hasta el momento entre las que
destacar el IBI, (a cargo del propietario no del inquilino) y por supuesto con
todo ello, tratándose de familias que habían accedido al IMVS por su condición
de económicamente débiles, desahucios.
La llegada a Cibeles de nuevas formaciones políticas y la
permanente denuncia ciudadana dan paso a una toma legal de postura en vía
administrativa y al fin el Tribunal Económico dicta su primera sentencia, a
todas luces condenatoria si bien no suficientemente en la cuantía real del daño
causado.
Pero no lancemos
campanas al vuelo. La sentencia es recurrible y lo será. El Tribunal
E.A.Central tiene a bien contar con unos miembros de libre designación, que hoy
por hoy, lo fueron por el Partido Popular, entre otros cuenta con dos
familiares muy próximos a la encausada, condenada y recurrente Ana Botella.
Seamos justos o inocentes, no desconfiemos, pero realmente si la sentencia se
mantiene en segunda instancia creeré de nuevo en que la Justicia no está
manipulada.
Aun así, hay mucha tela más que cortar. Si la compra-venta
fue fraudulenta, culpables serían ambas partes y los tribunales de lo penal
deberían tomar cartas en el asunto ¿a instancia de Fiscalía?, ¿la propiedad
debería revertir al considerarse nula la venta?, ¿serían recuperables las
viviendas para los desahuciados?, y las cantidades que han sido cobradas indebidamente a los inquilinos,
¿serán devueltas?
Una historia larga para alcanzar un fin justo. Casi nos lleva
a pensar que en día de Inocentes nos han lanzado algo que no deja de ser una
inocentada porque el final está lejano y
nublado, no ha sido un triunfo sino solamente un reconocimiento, que no es lo mismo.