Los fondos buitre de la señora Botella


La noticia salta a la prensa el día de Inocentes, algunos pensaron que se trataba de una broma más, pero no, Ana Botella y sus seis colegas ha sido condenada por el T.E.A. por la gestión llevada a cabo al frente del IMVS (Instituto Municipal de la Vivienda Social).
Una vez pasado el impacto inicial, cabe analizar por encima el tema antes de llegar a conclusiones.
En nuestra publicación Madrid Carlista y en varios de sus números, nos ocupamos de la venta fraudulenta de viviendas a fondos buitre, es decir multinacionales que encontraban en el fracaso del boom del ladrillazo español una buena tajada que aprovechar. En un principio se dedicaron a comprar fondos negativos de los Bancos, cargados de viviendas desahuciadas por falta de pago de hipotecas, pero el asalto importante vendría avalado por el respaldo oficial del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid había construido con fines sociales viviendas  en régimen de alquiler y futura venta que fueron bien jaleadas publicitando las maravillas del gobierno Botella, pero los múltiples agujeros económicos en las distintas aéreas como salud o educación comenzaban a crecer de manera imparable, -y no entremos en cuestiones de interés personal que para eso están los tribunales de lo penal-, llevaron a negociar la venta del patrimonio inmobiliario, con la “promesa” al parecer no escrita de mantener las mismas condiciones de uso y pago a los ocupantes de dichas viviendas. Sin ajustarse a las normas mínimas de oferta y concurso de adjudicación y pese a tener compradores al alza, Madrid se desprende de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 locales comerciales a favor de BLACKSTONE, camuflada mediante empresa intermediaria FIDERE.
De inmediato saltó la alarma. Los nuevos propietarios comenzaron la operación de acoso y derribo, aumento de alquiler, nuevas condiciones con obligaciones no existentes hasta el momento entre las que destacar  el  IBI, (a cargo del propietario no del inquilino) y por supuesto con todo ello, tratándose de familias que habían accedido al IMVS por su condición de económicamente débiles, desahucios.
La llegada a Cibeles de nuevas formaciones políticas y la permanente denuncia ciudadana dan paso  a una toma legal de postura en vía administrativa y al fin el Tribunal Económico dicta su primera sentencia, a todas luces condenatoria si bien no suficientemente en la cuantía real del daño causado.
Pero no  lancemos campanas al vuelo. La sentencia es recurrible y lo será. El Tribunal E.A.Central tiene a bien contar con unos miembros de libre designación, que hoy por hoy, lo fueron por el Partido Popular, entre otros cuenta con dos familiares muy próximos a la encausada, condenada y recurrente Ana Botella. Seamos justos o inocentes, no desconfiemos, pero realmente si la sentencia se mantiene en segunda instancia creeré de nuevo en que la Justicia no está manipulada.
Aun así, hay mucha tela más que cortar. Si la compra-venta fue fraudulenta, culpables serían ambas partes y los tribunales de lo penal deberían tomar cartas en el asunto ¿a instancia de Fiscalía?, ¿la propiedad debería revertir al considerarse nula la venta?, ¿serían recuperables las viviendas para los desahuciados?, y las cantidades que han sido  cobradas indebidamente a los inquilinos, ¿serán devueltas?
Una historia larga para alcanzar un fin justo. Casi nos lleva a pensar que en día de Inocentes nos han lanzado algo que no deja de ser una inocentada porque el final está  lejano y nublado, no ha sido un triunfo sino solamente un reconocimiento, que no es lo mismo.