El proceso al procés
Una pugna de sentimientos está en la raíz del espectáculo que estamos
presenciando en el Tribunal Supremo. De
una parte el de aquellos que se aferran a su propia mitología, voluntariamente
situada desde en el siglo XV, aunque oficializada a partir del impuesto pero
intelectualmente endeble nacimiento unificador de 1812, y de otra la de quienes también –de forma voluntaria-
se enraizan a una lealtad a su tierra tanto nutricia como en el sentimiento y
que periodicamente pretenden reafirmar su visceralidad nacional como pueblo
siempre ocultado y vigilado. Lo que para muchos se encarna en la extrema herida
de “oprimido” que necesariamente implica la coexistencia de un “opresor”.
Sería interesante un estudio
profundo que explicara la razón de que en pleno siglo XXI, y a partir al menos
del siglo XX, los nacionalismos se hayan incrementado motivando dos guerras mundiales con secuelas que siguen presidiendo
el devenir internacional, bien como instrumento de intereses de dominio económico, bien enmascarados en
otros sentimientos especialmente en los
pueblos aún no de la órbita que genéricamente llamamos “occidental”.
No hace tanto fuimos testigos de
la manifestación violenta, hoy dormida, de uno de estos nacionalismos: el de
Euskadi, y ahora lo somos de otra muestra de otro sentimiento de similar raiz,
el catalán. Muy distintos en su
expresión pero ambos de igual profundidad sentimental, la menos perecedera. Y
también ambos fruto de una injusticia histórica, la de la indisimulada opresión
por un dominador que se pretende único albacea de sentimientos y de interpretaciones
históricas: el Estado centralista con melancolías imperiales.
Han pasado unos años de
oficialidad de una libertad declarada constitucionalmente pero contrapuesta y
simultaneada con una indisimulada práctica de retroacción centralizadora
absolutamente estúpida y que alcanzó su punto de inflexión en la invalidación
del Estatut votado tanto en el Parlamento español como en el catalán y recortado,
castrado y sustancialmente invalidado por la reacción centralista de una parte
del socialismo y por el neofranquismo del PP, mediante una iniciativa
sacralizada en 2010 mediante sentencia del TC, como es de todos sabido.
Esa, en definitiva, ha sido la nada deseable combinación que ha llevado a la actual judicialización del procés, una manifestación de oficialidad, de autoridad estatal que no está ayudando a la resolución de un problema nacional –tómese por donde se quiera el significado intencional del término- con estéril pugna entre una realidad, la catalana, y un poder muy superior, el del Estado, ahora manifestado en un procedimiento judicial que no convence a nadie, y que sigue un modelo tradicional con precedentes en todos los procesos de similar motivación, origen y puesta en escena que tantos otros que en el próximo pasado internacional se han producido.
Esa, en definitiva, ha sido la nada deseable combinación que ha llevado a la actual judicialización del procés, una manifestación de oficialidad, de autoridad estatal que no está ayudando a la resolución de un problema nacional –tómese por donde se quiera el significado intencional del término- con estéril pugna entre una realidad, la catalana, y un poder muy superior, el del Estado, ahora manifestado en un procedimiento judicial que no convence a nadie, y que sigue un modelo tradicional con precedentes en todos los procesos de similar motivación, origen y puesta en escena que tantos otros que en el próximo pasado internacional se han producido.
¿Qué tipo penal es el aplicable?.
Estamos viendo las rectificaciones y las dudas de un Ministerio Fiscal que no
se define claramente respecto al delito achacable a los inculpados, y todo ello
con el indisimulado exceso garantista del propio Tribunal por su miedo
insuperable a la última decisión del Tribunal de Estrasburgo supremo garante
europeo del respeto a los Derechos Humanos.
Toda ella una situación que los procesados aprovechan en su propia defensa sacando incluso a la luz paradojas que afectan al respeto hacia el sacralizado Tribunal Constitucional: 12 de cuyas diversas resoluciones han sido incumplidas sin consecuencia alguna por el propio Estado y sus órganos, algo que para el procesado Turull afianza la inconsistencia de la acusación de desobediencia, una de las imputaciones por las que han sido encausados.
Toda ella una situación que los procesados aprovechan en su propia defensa sacando incluso a la luz paradojas que afectan al respeto hacia el sacralizado Tribunal Constitucional: 12 de cuyas diversas resoluciones han sido incumplidas sin consecuencia alguna por el propio Estado y sus órganos, algo que para el procesado Turull afianza la inconsistencia de la acusación de desobediencia, una de las imputaciones por las que han sido encausados.
Naturalmente -¿cabe la
duda?- el fallo será pretendidamente
aleccionador pero también estéril. ¿Alguien piensa que un pueblo –cualquier
pueblo- como el catalán con sus signos de distinguible personalidad y una
historia reivindicativa que en este caso supera los doscientos años, con propia
mitología cierta, aunque como en cualquier caso similar sublimada, pero siempre sentimentalmente eficaz, y con
antecedentes de ser objeto pasivo de represión desde 1640, puede ser callado
–doblegado- mediante un fallo judicial?.
La sentencia, cualquiera que sea
su fallo, ahondará –ya lo ha hecho- el viejo fracaso convivencial. Descartada
la absolución, si es duro (que tampoco nadie espera que lo sea) mantendrá vivo,
sino aumentado, el victimismo y su corolario de ira de una gran parte de los
ciudadanos de ese mismo pueblo que si se caracteriza por algo (y lo ha
demostrado en sucesivas rebeliones armadas, de ellas tres carlistas), y como ha
concretado en el juicio el Conseller Jordi Turull, es porque “sus ciudadanos no son ovejas”.
No, nos podemos alegrar, nadie
sensatamente puede alegrarse de la judicialización de un procés en el que para vestir la acusación y el subsiguiente
encausamiento se alega la comisión de unos hechos en cuya calificación jurídica
ni tan siquiera existe un criterio claro ni unas pruebas eficaces, cayendo así
en el -para un país de una Europa democrática- desacreditado ámbito del juicio político y subsiguientemente
sus inculpados merecedores del nada prestigioso
calificativo para un estado que se autocalifica de democrático de
“presos políticos” y en situación de encarcelados preventivos.
Todos, insisto, ya hemos perdido,
y así es cualquiera que sea la sentencia en este proceso digno de otro tiempo y
de otro régimen. En cualquier caso no es despreciable como orientación de
conclusiones para sentencia el contenido de un whatsapp descubierto y firmado
por el portavoz del Partido Popular en el Senado y en el que para tranquilizar
determinados desasosiegos de antes del inicio de la vista del juicio oral se
exponía esta máxima garantía de actuación y resultado: “controlando
la Sala Segunda desde detrás” .