SALVESE QUIEN PUEDA
Respecto a la autodenominada
“Casa Real” se podría hacer toda una antología de dichos populares: “de raza le
viene al galgo”, “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”, “a
buenas horas mangas verdes”…, y todos darían en la diana. Pero quizás la más
ajustada sea el de “sálvese quien pueda” que puede unirse al más deseable de
“liquidación por derribo”.
Solo en este país podría concebirse
que perteneciendo al ámbito del mundo democrático europeo se hubiese mantenido
hasta 1975 una dictadura ridículamente fascista y que a la misma le sucediera
un sistema impuesto por esa misma dictadura, un sistema tan antidemocrático
como es el de la imposición no de una persona sino de una familia con
renovación biológica garantizada al margen o sin contar con la expresa voluntad
del pueblo.
Naturalmente ello ha provocado
asimismo una sacralidad laica expresada en la impunidad absoluta de quien
ostenta la magistratura de tal
aberración, aberración no ya política sino estrictamente moral que siempre ha
estado vinculada a la misma naturaleza de esa institución.
Hoy, en nuestros días -¡maldita
libertad democrática! dirán los devotos de la institución- nos hemos enterado
de algo que sabíamos, que el denominado “emérito”, fiel a una muy afianzada tradición familiar, se ha saltado cualquier
normativa no ya fiscal sino estrictamente
ética y hasta posiblemente penal, acumulando en el exterior un enorme capital
para el propio beneficio de sus caprichos y aficiones biológicas a espaldas
tanto en perjuicio del pueblo como de los derechos y necesidades de este, manteniendo con ello la
multisecular tradición institucional y familiar de burlarse del pueblo mediante su
explotación y simultaneo inmoral beneficio propio.
Evidentemente la formula (el
dictador lo dejó todo atado y bien atado contra un pueblo sometido y acobardado
y, también, proclive en su clase política a la corrupción), una de sus fórmulas
para preservar la perpetuidad de su sucesor como cabeza del régimen impuesto
fue la inimputabilidad de quien lo encarnase. Pero con lo que no contó fue con
la incompatibilidad de tal sistema con las fisuras informativas que todo estado
con práctica democrática comportan, y así se ha producido el escandalo (uno más) de quien le sucedió. La solución
debía de haber venido de la derogación de la actual constitución, la
subsiguiente convocatoria de una consulta plebiscitaria respecto al sistema
político institucional y, en el peor de los casos de mantener la monarquía, la
eliminación completa de la excepcionalidad penal del jefe del estado.
Una vez más (¿será el inicio de
un final?) en la cadena de fraudes democráticos que desde 1975 padecemos se
encuentra el eslabón del mantenimiento de una institución caduca y antidemocrática
que se simultánea con la corrupción apuntada. Ante ello, ante el último
escándalo conocido del sucesor del dictador, la solución -la gatera de escape- encontrada por su sucesor –el “sálvese quien
pueda” apuntado- ha sido la de eliminar costes de mantenimiento a cargo de las
obligatorias contribuciones de todos los ciudadanos y renunciar a una supuesta
herencia (¿alguien conoce otras posibles artimañas en hoy ignoradas
participaciones mediante la tradicional figura del “testaferro”?), y ello, tal
declaración oficial, oficializada en plena crisis del “coronavirus” con la ciudadanía
con otras vitales preocupaciones de mera supervivencia. No es la solución esa
renuncia a una herencia de cuantía
ignorada y en buena parte proveniente de una manifiesta irregularidad cuyo origen
conocía el actual ocupante de Zarzuela –según propia confesión- al menos desde
2019. La única, y que inexorablemente ha de llegar, es la eliminación
definitiva de la institución monárquica, algo que en el Partido Carlista se ha
propuesto, y se propone no ya por propio impulso democrático de su militancia
sino incluso con la simbólica reflexión de Carlos Hugo que ya en 1976 decía “La
monarquía en sí, ha sido hasta ahora un monopolio de la clase dominante. Ha
sido un instrumento válido y óptimo para sus intereses políticos y económicos.”
No, a Felipe Borbón lo exigible
ha de ser la adopción de varias acciones, y todas de carácter constitucional. La
primera, no ya y tan solo renunciar a
una herencia -¿cuál es su verdadera cuantía?- de dudoso origen, sino principal
y fundamentalmente hacerlo ya, sin dilación alguna, respecto a la impunidad, y los
diversos privilegios, actualmente reconocidos a favor de cualquier miembro de
su familia, lo que comportaría una ineludible reforma constitucional, dando
paso con ello a otra más profunda y necesaria consistente en la celebración de
un referéndum para una nueva constitución con especial atención respecto a la continuidad o derogación de la
institución impuesta por la dictadura.